El registro de compensación de emisiones de CO2 se regula en una norma de diez artículos. Esta laxa regulación ha generado una actividad económica sin las suficientes garantías de cumplimiento de las absorciones esperadas, facilitando así el posible “green washing”. El riesgo de falta de transparencia y veracidad se incrementa debido a las facilidades otorgadas por el sistema de cálculo de las llamadas “absorciones disponibles ex ante” y por la falta de concreción en las obligaciones de mantenimiento y de la capacidad económica y técnica exigida para garantizar la supervivencia de las plantas durante el periodo de permanencia escogido.